Un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de utilizar las desapariciones forzadas como un instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe «La anatomía de la crueldad estatal», publicado este martes, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denuncia al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018.
Entre ellas figuran el general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, exdiputado y fundador del partido YATAMA.
El informe identifica 161 casos de desaparición forzada desde 2018 y señala que 29 personas siguen desaparecidas.
El comité de expertos de la ONU, que estudió en detalle 17 de esos casos, describe condiciones de detención «desastrosas», así como falta de acceso a atención médica, y destaca la especial vulnerabilidad de muchos de los afectados.
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